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El contrato de leasing

Son operaciones de arrendamiento financiero (leasing) aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas.

Los bienes arrendados

Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario necesariamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, a favor del usuario.

Cuando, por cualquier causa, el usuario no llegue a adquirir el bien objeto del contrato, el arrendador podrá cederlo a un nuevo usuario, sin que el principio establecido en el párrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el bien de acuerdo con las especificaciones de dicho nuevo usuario. (Definición contenida en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito)

Los contratos de arrendamiento financiero (leasing) tendrán una duración mínima de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles y de diez años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o establecimientos industriales.

Las cuotas

Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de la aplicación del gravamen indirecto que corresponda.

El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien deberá permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del período contractual.

Tratamiento fiscal

Tendrá en todo caso la consideración de gasto o partida fiscalmente deducible en la imposición personal del usuario de los bienes objeto de un contrato de arrendamiento financiero la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora.

También tendrá la consideración de partida fiscalmente deducible, salvo que los bienes arrendados no sean amortizables (por ejemplo, solares o terrenos) la parte de las cuotas satisfechas que corresponda a la recuperación del coste del bien, siempre que no exceda del duplo o el triple del coeficiente máximo de amortización lineal de los bienes de que se trate, según las tablas de amortización oficialmente aprobadas. El límite de deducibilidad fiscal equivalente al duplo o al triple del coeficiente máximo de amortización lineal depende de la condición de la empresa arrendataria. Para las pequeñas y medianas empresas, cuya cifra anual de negocio no exceda de 10 millones de euros, el límite de deducibilidad será el triple. Para las empresas de mayor dimensión será el duplo.

Las entidades arrendadoras deberán amortizar el coste de todos y cada uno de los bienes adquiridos para su arrendamiento financiero, deducido el valor consignado en cada contrato para el ejercicio de la opción de compra, en el plazo de vigencia estipulado para el respectivo contrato.

Las sociedades de arrendamiento financiero

Las sociedades de arrendamiento financiero tendrán como actividad principal la realización de operaciones de arrendamiento financiero. Con carácter complementario podrán realizar también las siguientes actividades:

  1. Actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos.
  2. Concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, actual o futura.
  3. Intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero.
  4. Actividades de arrendamiento no financiero, que podrán complementar o no, con una opción de compra.
  5. Asesoramiento e informes comerciales.

Operadores de leasing en España

Están legalmente autorizados para realizar operaciones de leasing en España:

  • Los Bancos.
  • Las Cajas de Ahorro.
  • Las Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito.
  • Los Establecimientos Financieros de Crédito.

Todas estas entidades están sometidas a la supervisión del Banco de España y se rigen, básicamente, por la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito.